NO MURIERON, SE MULTIPLICARON

• La lucha por la defensa del territorio se ha cobrado esta vez la muerte de Guadalupe Campanur, guardiana del bosque y una de las fundadoras de la Ronda Comunitaria de Cherán.

Por Mayté Guzmán Mariscal/ZD

Protesta por la muerte de Guadalupe Campanur

Ante el más reciente asesinato de la activista Guadalupe Campanur, guardiana del bosque en su comunidad, Cherán -donde suman ya diez los ambientalistas asesinados- queda claro que la violencia estructural en México trasciende el ámbito de la delincuencia organizada y se configura como una guerra por la defensa del territorio y los recursos naturales ante el embate de las multinacionales, una guerra que sigue cobrando vidas, para sembrar el miedo y paralizarnos.

Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada son considerados por el gobierno mexicano como una de las diez principales amenazas para la seguridad nacional, enunciadas en la Agenda de Riesgos 2017, un documento con carácter de confidencialidad emitido cada año por el CISEN, con lo que el Estado justifica medidas como la represión, el acoso, el espionaje, el encarcelamiento, y el asesinato.

No es casual que uno de los elementos más nocivos del recién aprobado TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) sea el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado que anula el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este mecanismo faculta a los “inversionistas” para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio fracasadas, a consecuencia de litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie.

Lo anterior nos conduce inevitablemente al marco de la controvertida Ley de Seguridad Interior, desestimada incluso por el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, por tratarse de una ley que se contrapone al régimen internacional de Derechos Humanos para regular el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza pública.

Esta ley perfila también, en el rubro de amenazas a la seguridad, todas las formas de lucha y resistencia al modelo productivo del capitalismo más arrasador y salvaje que hemos conocido; a los intentos de apropiación de los medios de producción; al desarrollo de megaproyectos en territorios autónomos y protegidos; al extractivismo y sobreexplotación de recursos naturales y su consecuente deterioro ambiental. Y una serie de luchas que se reproducen a lo largo y ancho de la geografía.

Sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, ha dejado un saldo de 106 muertes y 81 desapariciones forzadas, como documenta el informe “La esperanza no se agota” de la Red TDT, lo que refleja no sólo la falta de voluntad del estado para brindar protección a estas personas, sino para que la justicia no deje impunes estas muertes.

 

Imagen: Sinembargo

Los informes dan cuenta de los homicidios, desapariciones y agresiones atribuidas al crimen organizado, pero nadie habla de que, detrás de todo ello, los megaproyectos y las grandes multinacionales también nos están robando la vida y la paz.

Global Witness en su informe “Defender la tierra”, documentó 200 asesinatos de personas ambientalistas en todo el mundo, donde Brasil encabeza la lista con 48 muertes. En homenaje a todas las personas asesinadas en 2016 por la defensa de la tierra el informe expresa: “estas defensoras y defensores no murieron, se multiplicaron”.

Este artículo también aparece publicado en la web rebelion.org

NO MÁS MINUTOS DE SILENCIO

 

Tenía 18 años cuando inicié mi aventura periodística de manera formal en un diario del vecino estado de Guanajuato. Digo de manera formal, porque como aficionada ya llevaba unos años escribiendo en pasquines y boletines locales. Cuando aquel día me dijeron que casualmente había renunciado la reportera que cubría la fuente policiaca y que esa era mi oportunidad, no lo pensé dos veces y acepté. Yo sabía que muchos periodistas habían hecho sus pininos en esa fuente e incluso algunos de mis compañeros me dijeron “el que cubre la fuente policiaca, puede con todo”. Hasta llegué a escuchar que la fuente policiaca era como el trampolín de los corresponsales de guerra. Acepté cubrir la fuente, consciente de que me internaba en un ámbito hostil, especialmente con las mujeres, pues se trata de una fuente hipermasculinizada.

Recuerdo esos años porque nunca sentí tanta pasión por contar historias como en aquella época, aunque fueran historias de muerte. La muerte en todas sus facetas: baleados, acuchillados, ahorcados, ahogados, accidentados, apaleados. Reflexionaba constantemente sobre esa nece(si)dad aparente que tienen los medios de comunicación en América Latina por contar la muerte, y acerca de la mejor manera -si es que la había- de narrar la violencia cotidiana, sin dañar a nadie, sin dañarme a mi misma. Más allá de todo el aprendizaje que me dejó esa experiencia iniciática, tuve que “congelar” mi sensibilidad para no caer en el intento.

En aquel entonces, la violencia no era el pan nuestro de cada día, como hoy. En aquel entonces era una tremenda contrariedad que se asesinara a las personas que ejercíamos la labor periodística.

En aquel entonces la voz del pueblo amplificada por nosotras, las personas que trabajábamos en los medios de comunicación, era indispensable para trascender el plano anecdótico y sobre todo, para visibilizar cuán vulnerables somos al vivir en este mundo tan inmensamente injusto.

En alusión al asesinato del periodista de la Jornada en Sinaloa, Javier Valdéz, un compañero también periodista comentó en las redes que Valdéz “era un periodista indispensable en el país, abatido además de las balas, por una sociedad apática”.

Pero me resisto, me resisto a convencerme de que el crimen seguirá estando mejor organizado que las personas que vivimos de, desde y para el periodismo y que la sociedad civil en general. No sé cómo, ni con qué pretexto, pero esto tiene que parar. No más minutos de silencio. Necesitamos denunciar, gritar, exigir, por todos los medios posibles un freno a tanta impunidad.

ÉSTA VEZ, ARANTEPACUA

Funerales de las víctimas en Arantepacua

El miércoles 5 de abril nuevamente saltaron las alarmas a raíz de los enfrentamientos registrados en la comunidad de Arantepacua Michoacán, perteneciente al municipio de Nahuatzen en hechos que dejaron un saldo de 4 personas muertas, 7 heridas y 10 detenidos.

Lo anterior ocurre a casi un año del ataque perpetrado por parte de fuerzas policiales al municipio de Nochxistlán, Oaxaca, que dejó a su vez un saldo 8 personas muertas y más de un centenar de heridos, sin que se hayan fincado responsabilidades por estos hechos.

El enfrentamiento reactiva la añeja disputa entre Arantepacua, municipio de Nahuatzen y Capácuaro, perteneciente a Uruapan, en el que ambas comunidades se atribuyen la propiedad de 520 hectáreas de pino y encino que fueron adjudicadas a Capácuaro por decreto presidencial en 1947.

El pasado domingo 2 de abril, 38 comuneros de Arantepacua que tomaron un autobús de pasajeros con el que se disponían a entregar un documento a la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, fueron detenidos y acusados de privación de la libertad y ataques a las vías de comunicación.

A partir de este día se intensificaron las movilizaciones y fue el miércoles 5 de abril, en plena reunión de la mesa de negociaciones para solucionar este conflicto en Morelia, cuando se notificó el envío de un convoy con decenas de vehículos policiacos hacia Arantepacua. La versión oficial sostiene que el convoy iba a liberar los vehículos que se mantenían retenidos por parte de los comuneros.

El vocero de Arantepacua, Gustavo Jiménez, alertó al subsecretario de gobierno Armando Hurtado, que los comuneros estaban siendo atacados y allanados en sus domicilios, siendo víctimas de detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales y federales.

Tras esta violenta intervención murieron por disparos de arma de fuego Luis Gustavo Fernández, de 15 años; Francisco Jiménez Alejandre, 70 años; Carlos Jiménez Crisóstomo, 21 años; y Santiago Luna, 39 años, todos ellos habitantes de la comunidad de Arantepacua. Asimismo se tiene conocimiento de que 9 comuneros permanecen detenidos con cargos por homicidio en grado de tentativa (contra las fuerzas policiales) y ataques a las vías de cominicación. Hasta el momento no se cuenta información clara respecto a las personas que resultaron heridas, ni sobre las que permanecen desaparecidas.

En un sondeo de los medios de comunicación locales y nacionales, Laura Castellanos, corresponsal para Aristegui Noticias, es la única periodista que reportó desde el lugar de los hechos ofreciendo el testimonio de las víctimas, así como la identificación de los fallecidos, de quienes se habían difundido informaciones difusas.

La versión oficial aparecida en la web del Gobierno del Estado, asegura que los comuneros de Arantepacua rompieron los pactos resultantes de las negociaciones en las mesas de diálogo, establecidas hace 2 meses, y justificaron el abuso en el uso de la fuerza pública argumentando que los habitantes de la comunidad habían sido detenidos en flagrancia por la retención de vehículos para obstruir las vías de circulación, y sostiene que los elementos de la Policía Michoacana iban desarmados y fueron recibidos a balazos por los comuneros.

Recordemos que se trata del mismo gobierno que no fue capaz de hacer este mismo uso desmedido de la fuerza en el municipio de Zamora Michoacán, cuando grupos delincuenciales mantuvieron la ciudad bajo el terror durante más de una semana y no sólo reteniendo vehículos, sino obstaculizando las carreteras e incendiando establecimientos, super mercados y camiones de reparto, además de difundir amenazas para evitar que la gente saliera de sus casas si no era necesario.

En el caso de la comunidad de Arantepacua, se trataba de mediar en un conflicto que lleva décadas, y sobre el cual ya se habían establecido negociaciones, respetando la autonomía de las comunidades indígenas como dicta el mandato de gobierno.

Los testimonios confirman que además del allanamiento de morada a varios comuneros, en una comunidad de 3 mil habitantes como Arantepacua, las detenciones fueron ilegales.

Según informaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes SRA), existen más de 50 conflictos por predios entre comunidades indígenas en Michoacán, de los cuales 25 pertenecen a la zona de la Meseta Purépecha. Según las autoridades agrarias, entre los obstáculos que dificultan la resolución de estos conflictos es que las comunidades en conflicto tienen en común documentos que avalan su propiedad, o bien, no existen señales que marquen los límites, o incluso, que después de un acuerdo, alguna de las partes lo desconoce y se reactiva el conflicto.

Intervención de la Policía Federal y el Ejército en Arantepacua: CNDH

Las últimas informaciones aclaran que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraerá el caso de Arantepacua pues reconoce que hubo participación tanto del Ejército Mexicano, como de la Policía Federal. (con información de Aristegui Noticias, La Jornada y El Universal).

PROYECTO HABESHA MÉXICO

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La joven continuará su educación superior en México En México las puertas están abiertas para todo aquellos que buscan paz y hospitalidad sin importar su religión, dice el proyecto El día de hoy, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estudiantes y activistas mexicanos recibieron a Samah, una refugiada siria. Gracias a…

a través de Activistas mexicanos reciben con afecto a refugiada siria en AICM (VIDEO) — Mientras Tanto en México

La infancia, otra víctima invisible de la violencia del narcotráfico en México

La infancia, otra víctima invisible de la violencia del narcotráfico en México¹

La Convención de los Derechos del Niño, que reconoce los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales de la infancia, establece en su artículo 38 que ningún niño menor de 15 años de edad deberá participar directamente en hostilidades o ser reclutado por las fuerzas armadas. Todos los niños afectados por conflictos armados tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales.

México ocupa un lugar destacado en el mapa mundial de niños y adolescentes víctimas de la violencia armada.

El 5 de julio de 2011 la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, un panorama de la situación de violencia contra la infancia y la adolescencia en México, población que representa el 33% de los habitantes del país.

En el período 2006/2010:

1. Fueron asesinados 1.300 menores de edad
2. Se provocó un indeterminado número de desplazados
3. 27 mil adolescentes se convirtieron en víctimas del narcotráfico.
4. Se incrementó la violencia de las autoridades contra los adolescentes.

Cifras del mundo académico hablan de unos 30.000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos (tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.)

El crimen ofrece a estos niños y niñas las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal.

La cifra de menores de edad asesinados, de ser reconocida por el gobierno federal, podría representar al 2.87% de las 34.612 muertes violentasque las autoridades mexicanas tiene contabilizadas desde que inició la lucha contra el narcotráfico.

Desde 2006 la Secretaría de Salud ha registrado un aumento en el número de homicidios de niños entre 15 y 17 años. La tendencia es más marcada en los estados del norte del país como Baja California, Chihuahua y Sinaloa, entidades que alojan a los municipios calificados por el gobierno federal como los “más violentos del país”.

La REDIM asegura que la cifra de niños huérfanos podría alcanzar los 30.000 aunque deja claro que éste también es sólo un cálculo y no una cifra oficial.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le solicita una rendición de cuentas a México sobre la participación de niños en la llamada “guerra del narco”.

México “carece de información sobre el uso de niños por grupos no estatales armados y por lo tanto no ha tomado medidas para impedir el reclutamiento”, señala el Comité, compuesto por 18 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención internacional en la materia.

Un colectivo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunció ante este Comité, que entre 25 mil y 30 mil adolescentes habrían sido forzados a colaborar con los carteles de la droga y que otros mil fueron asesinados en el contexto de la represión del narcotráfico.

La ONU le pide a México “que adopte las medidas necesarias para garantizar que no haya niños reclutados por grupos no estatales”, que haya una ley que lo penalice, y requiere “la identificación y seguimiento de los diversos grupos armados en el país, incluidos los grupos paramilitares, la delincuencia organizada y las empresas de seguridad”.

Al mismo tiempo la ONU le recomienda a México que “mejore el sistema de recogida de datos y análisis sobre el reclutamiento voluntario y el reclutamiento obligatorio por las fuerzas armadas y en las escuelas militares”.

Hasta 35 mil niños, niñas y adolescentes menores de edad han sido reclutados por el narcotráfico en los últimos cuatro años, según cálculos de organizaciones civiles, lo que significaría que, en promedio, 8.700 infantes se sumaron a las filas del crimen cada año.

Las estimaciones realizadas por la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) y una centena de organizaciones del norte del país, agrupadas en el monitoreo que hace el Programa Infancia en Movimiento, arrojan que entre 25 mil y 35 mil menores de 18 años fueron cooptados de 2006 a la fecha.

En el caso exclusivo del Informe Alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados, presentado en junio de este año por la Redim ante la Organización de las Naciones Unidas sentó que aproximadamente en este periodo, 30 mil menores de edad han sido utilizados y explotados por el crimen organizado para toda la línea de producción y tráfico de drogas.

“En su mayoría estamos hablando de niños entre los 13 y los 17 años, pero cada vez está bajando más la edad. Tenemos que poner en el centro que son niños y niñas que supuestamente deberían de estar cursando lo que hoy es el periodo de educación básica obligatoria en nuestro país, y que no se están quedando en la escuela”, advirtió Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social.

Y es justo en la falta de una oferta educativa para los infantes donde se concentra el problema, aseguró la experta en temas de infancia. “Hoy estamos viendo con preocupación sobre todo en ciudades como Juárez, Reynosa y Matamoros la transición de la deserción escolar entre primaria y secundaria, y eso te cuadra exactamente con cómo está reduciéndose la edad de reclutamiento. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la edad de reclutamiento bajó en cinco años de entre 14 y 16 años a entre 12 y 14 años, según las estimaciones de las organizaciones de Juárez”, detalló.

En el resto del país, según un pronunciamiento realizado por 96 organizaciones de la sociedad civil como Colectivo Marabunta, Infancia Común, A.C., INCIDE Social, A.C. y la Academia Mexicana de Derechos Humanos hace una década la edad de reclutamiento se ubicaba entre los 20 y 35 años, y ahora, ingresan a las filas del crimen organizado muchachos de entre 12 y 15 años, para los que las posibilidades de emplearse en actividades legales son prácticamente inexistentes.

EN MICHOACÁN (fuente: Reporte Índigo) 7 mil niños en situación de orfandad, resultado de la violencia en manos del crimen organizado. 3 mil 63 víctimas de desaparición forzada (según el Comité de Familiares de personas Detenidas y Desaparecidas). 670 víctimas de desaparición forzada (según la CEDH). 1173 cartas municipales pidiendo asilo político en EUA a huérfanos.  2 mil 300 muertos en Michoacán durante la administración de Fausto Vallejo  Mil 229 homicidios sólo en el primer semestre de 2016

1 Emerich, Norberto. Cruce de fuego, niños, niñas y adolescentes en el narcotráfico mexicano. Universidad de Belgrano, B.A., Argentina. Noviembre de 2011. 28 pp. http://www.academia.edu/2444596/Cruce_de_fuego_niños_niñas_y_adolescentes_en_el_narcotrafico_mexicano )