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PRESUNCIÓN DE BAJA CALIDAD DE MATERIALES ENTORPECE OBRA EN FOVISSSTE

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Avance del adoquinado en la Av. Educación, Fovissste.

Tras la reciente reunión sostenida en cabildo entre un grupo de vecinos del Fovissste y el alcalde, se acordó retomar los trabajos de acondicionamiento en la avenida Educación, así como la creación de una mesa de diálogo con los inconformes, mientras se realizan los estudios pertinentes para verificar la calidad de los materiales empleados.

Al proyecto de remodelación de esta vía -puesto en marcha en diciembre pasado- han sido destinados 6 millones de pesos, según lo anunciado por las autoridades municipales. El proyecto contempla además, la posible construcción de un puente que atraviese el río Duero en la prolongación de dicha avenida, para unirse al municipio de Jacona también por esta vía.

De acuerdo con el plan de obra, se colocarán 6 mil 818 metros cuadrados de adoquín-concreto de 12 centímetros de espesor de alta resistencia, a fin de mejorar la circulación entre Zamora-Jacona, así como el flujo vehicular por otras vías del calibre de la avenida Educación.

Según argumenta el gobierno zamorano, el acondicionamiento de esta vía responde a la demanda de los habitantes de la zona, ya que durante 40 años no se había intervenido esta importante vía de comunicación de la ciudad.

La obra, programada para ser concluida en dos meses, generó inconformidad por parte de algunos vecinos mesa directiva de la colonia Fovissste, quienes frenaron los trabajos cuando había un avance de la tercera parte, argumentando la mala calidad de los materiales empleados.

A raíz de esta confrontación, el gobierno municipal se comprometió a realizar análisis de laboratorio de los materiales por parte de cuatro laboratorios, uno de ellos elegido por el comité vecinal que se querellaba ante el ayuntamiento.

Es importante mencionar que estos estudios debieron realizarse con anticipación, y no una vez iniciadas las obras, además de que debió contarse con el consentimiento previo de una mayoría de vecinos y comerciantes de la zona.

CRONOLOGÍA

  • 27 de noviembre 2017. Inicia de la obra de acondicionamiento de la avenida Educación.
  • 5 diciembre 2017. Supervisión de la obra por parte del alcalde José Carlos Lugo.
  • 23 enero 2018. Vecinos de la mesa directiva del Fovissste obligaron a suspender los trabajos porque consideran que la obra no cumple los requerimientos de calidad y sostenibilidad.
  • 8 febrero 2018. Otro grupo de vecinos y comerciantes del Fovissste se reúne con el responsable de Obras Públicas para garantizar la conclusión de la obra, debido a que afecta su actividad comercial.
  • 14 febrero 2018. Reunión entre el alcalde José Carlos Lugo y un grupo de vecinos del Fovissste que apoya la continuación de la obra para evitar las pérdidas de sus comercios.
  • 19 febrero 2018. Se convoca a una reunión de vecinos del Fovissste en el edificio de la CATRA, para discutir las medidas que se tomarán respecto a la obra.
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DENUNCIAN BLOQUEO EN TARJETAS DE DESPENSA HYPERVALE PARA ISSSTE

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Lo que inició como una supuesta falla logística se está convirtiendo en un dolor de cabeza para miles de empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en todo el territorio nacional, pues las tarjetas de despensa con las que el sistema complementa la paga del aguinaldo al final de año, permanecen desde diciembre hasta la fecha, bloqueadas, sin explicación clara por parte del propio ISSSTE, ni de la empresa Hypervale, actual proveedora del servicio.

De la empresa Hypervale se sabe que tiene su sede en la Ciudad de México y fue fundada en 2014, sin embargo, de acuerdo a varios de los empleados que denuncian el presunto fraude, algunos han intentado presentar denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor sin éxito, pues la empresa en cuestión no aparece en la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La empresa Hypervale gestiona vales de despensa, gasolina y otros consumos, a empresas públicas y privadas, la cual tiene sólo un teléfono en el que nunca contestan y un correo electrónico, donde tampoco responden los mensajes.

Este diciembre de 2017 la empresa fue contratada por el ISSSTE para entregar los vales por un valor de 11 mil 700 pesos para su uso durante el 2018 y ya hay varias quejas a nivel nacional, el problema es que el ISSSTE tampoco esta respondiendo ante la inconformidad de varios trabajadores en el país, ya que muy pocas personas han logrado agotar el saldo de sus tarjetas en el corto tiempo en que fueron operativas.

Hasta esta fecha se tienen registradas denuncias en los estados de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Puebla, Estado de México y Veracruz.

De momento, no es de dominio público si ha procedido la denuncia correspondiente por parte de los trabajadores del ISSSTE en Michoacán, donde se calcula que existen entre 2 mil 500 y 3 mil trabajadores afectados, 98 de los cuales pertenecen a la Delegación Zamora -aunque la cifra de inconformes aumenta cada semana- y a quienes se ha ofrecido la entrega de vales de papel en sustitución de sus tarjetas, en cuanto la auditoría sea capaz de resolver los saldos de los miles de trabajadores afectados.

NO MURIERON, SE MULTIPLICARON

  • La lucha por la defensa del territorio se ha cobrado esta vez la muerte de Guadalupe Campanur, guardiana del bosque y una de las fundadoras de la Ronda Comunitaria de Cherán.

Por Mayté Guzmán Mariscal/ZD

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Protesta por la muerte de Guadalupe Campanur

Ante el más reciente asesinato de la activista Guadalupe Campanur, guardiana del bosque en su comunidad, Cherán -donde suman ya diez los ambientalistas asesinados- queda claro que la violencia estructural en México trasciende el ámbito de la delincuencia organizada y se configura como una guerra por la defensa del territorio y los recursos naturales ante el embate de las multinacionales, una guerra que sigue cobrando vidas, para sembrar el miedo y paralizarnos.

Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada son considerados por el gobierno mexicano como una de las diez principales amenazas para la seguridad nacional, enunciadas en la Agenda de Riesgos 2017, un documento con carácter de confidencialidad emitido cada año por el CISEN, con lo que el Estado justifica medidas como la represión, el acoso, el espionaje, el encarcelamiento, y el asesinato.

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No es casual que uno de los elementos más nocivos del recién aprobado TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) sea el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado que anula el poder de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este mecanismo faculta a los “inversionistas” para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio fracasadas, a consecuencia de litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie.

Lo anterior nos conduce inevitablemente al marco de la controvertida Ley de Seguridad Interior, desestimada incluso por el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, por tratarse de una ley que se contrapone al régimen internacional de Derechos Humanos para regular el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza pública.

Esta ley perfila también, en el rubro de amenazas a la seguridad, todas las formas de lucha y resistencia al modelo productivo del capitalismo más arrasador y salvaje que hemos conocido; a los intentos de apropiación de los medios de producción; al desarrollo de megaproyectos en territorios autónomos y protegidos; al extractivismo y sobreexplotación de recursos naturales y su consecuente deterioro ambiental. Y una serie de luchas que se reproducen a lo largo y ancho de la geografía.

Sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, ha dejado un saldo de 106 muertes y 81 desapariciones forzadas, como documenta el informe La esperanza no se agota” de la Red TDT, lo que refleja no sólo la falta de voluntad del estado para brindar protección a estas personas, sino para que la justicia no deje impunes estas muertes.

 

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Imagen: Sinembargo

Los informes dan cuenta de los homicidios, desapariciones y agresiones atribuidas al crimen organizado, pero nadie habla de que, detrás de todo ello, los megaproyectos y las grandes multinacionales también nos están robando la vida y la paz.

Global Witness en su informe “Defender la tierra”, documentó 200 asesinatos de personas ambientalistas en todo el mundo, donde Brasil encabeza la lista con 48 muertes. En homenaje a todas las personas asesinadas en 2016 por la defensa de la tierra el informe expresa: “estas defensoras y defensores no murieron, se multiplicaron”.

Este artículo también aparece publicado en la web rebelion.org

¡GRACIAS POR ESTE PRIMER AÑO!

La Agencia Ciudadana de Información, Zamora Despierta surge como un proyecto participativo de alcance local, regional y nacional. Desde su creación, en julio de 2016, hemos abordado temas como los problemas en el sector salud de la región, el rezago educativo, la ineficiente gestión medioambiental en Zamora y la región, el controvertido proyecto para entubar el Río Celio, en contraste con la participación de Zamora como sede del Foro de Consulta para modificar la ley en materia ambiental. También hemos analizado informaciones relevantes, como la alerta de género en Michoacán, las acciones desde el gobierno en favor de la igualdad de género y contra la violencia hacia la mujer, los proyectos impulsados por dos especialistas michoacanas, en materia de reciclaje en Cherán, y otras regiones como Paracho y Tingüindín. También hemos informado sobre cuestiones tan relevantes como la creación del Observatorio Ciudadano de Zamora o las iniciativas en Michoacán para fomentar una economía alternativa y solidaria. Por útlimo, desde este pequeño espacio, hemos visibilizado a personas que conforman nuestra ciudadanía zamorana, personas que con su quehacer cotidiano, hacen de Zamora y la región y mejor lugar para vivir. Pensamos que este proyecto seguirá fortaleciéndose. Tu participación es necesaria para conseguirlo. ¡Gracias por este primer año!

CARGOS PÚBLICOS MEJOR REMUNERADOS EN MÉXICO

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La presidencia del Consejo de la Judicatura en México, ocupada actualmente por Luis María Aguilar Morales (quien también preside la Suprema Corte de Justicia), es el funcionario que más gana en nuestro país, con un sueldo de 392 mil 965 pesos mensuales, un total de 4 millones 715 mil 583 pesos al año, según consta en el Presupuesto de Egresos de 2018.

En tercer puesto se encuentra, precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con lo que podemos observar que la persona que más gana en nuestro país aparece en la lista de mejor pagados, dos veces. Por si fuera poco, en esta lista aparecen sólo dos cargos, en los últimos puestos, ocupados por una mujer.

Tal vez muchas personas desconocíamos la existencia de este órgano perteneciente al Poder Judicial de la Federación y creado a partir de las reformas constitucionales de 1995, hace 27 años.

Pues bien, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de establecer las normas y procedimientos para el desarrollo de la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, así como determinar los requisitos para el otorgamiento de licencias, vacaciones, estímulos y retiro. Podría decirse que es una especie de órgano fiscalizador de la justicia aunque pende del propio aparato de justicia. Con todo ello, el Consejo de la Judicatura Federal está obligado a ejercer su función con independencia e imparcialidad, según consta en sus principios rectores.

Sin embargo, el periodista Manuel Badillo en su artículo de la revista de investigación Contralínea titulado El ineficiente y ridículo Consejo de la Judicatura Federal cuestiona la corrupción en el seno del Poder Judicial cuando quien preside el Consejo de la Judicatura es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para Manuel Badillo “es urgente que el Poder Judicial cuente con un verdadero órgano de vigilancia independiente de las autoridades de la Suprema Corte, para que mantenga una supervisión permanente sobre la actuación de jueces, magistrados y ministros”.