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CARGOS PÚBLICOS MEJOR REMUNERADOS EN MÉXICO

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La presidencia del Consejo de la Judicatura en México, ocupada actualmente por Luis María Aguilar Morales (quien también preside la Suprema Corte de Justicia), es el funcionario que más gana en nuestro país, con un sueldo de 392 mil 965 pesos mensuales, un total de 4 millones 715 mil 583 pesos al año, según consta en el Presupuesto de Egresos de 2018.

En tercer puesto se encuentra, precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con lo que podemos observar que la persona que más gana en nuestro país aparece en la lista de mejor pagados, dos veces. Por si fuera poco, en esta lista aparecen sólo dos cargos, en los últimos puestos, ocupados por una mujer.

Tal vez muchas personas desconocíamos la existencia de este órgano perteneciente al Poder Judicial de la Federación y creado a partir de las reformas constitucionales de 1995, hace 27 años.

Pues bien, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga de establecer las normas y procedimientos para el desarrollo de la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, así como determinar los requisitos para el otorgamiento de licencias, vacaciones, estímulos y retiro. Podría decirse que es una especie de órgano fiscalizador de la justicia aunque pende del propio aparato de justicia. Con todo ello, el Consejo de la Judicatura Federal está obligado a ejercer su función con independencia e imparcialidad, según consta en sus principios rectores.

Sin embargo, el periodista Manuel Badillo en su artículo de la revista de investigación Contralínea titulado El ineficiente y ridículo Consejo de la Judicatura Federal cuestiona la corrupción en el seno del Poder Judicial cuando quien preside el Consejo de la Judicatura es el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para Manuel Badillo “es urgente que el Poder Judicial cuente con un verdadero órgano de vigilancia independiente de las autoridades de la Suprema Corte, para que mantenga una supervisión permanente sobre la actuación de jueces, magistrados y ministros”.

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